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La Corte Suprema escucha hoy el caso de Ontario Place: ¿puede un gobierno protegerse de la revisión judicial?
La Corte Suprema escuchó la apelación constitucional de Ontario Place Protectors (expediente #41805) el 15 de octubre, preguntando si un gobierno puede legislar sus propias decisiones fuera de la revisión judicial.
Por qué es importante
Grupos que rara vez están de acuerdo (la ciudad de Toronto, varias Primeras Naciones y organizaciones ambientales y de libertades civiles) dicen que este caso importa mucho más allá de un parque frente al mar: decidirá si los gobiernos pueden proteger sus decisiones de la revisión judicial y si Ontario Place es un activo protegido de "fideicomiso público".
Informe completo
La Corte Suprema de Canadá escucha la apelación (expediente n.° 41805), Ontario Place Protectors contra Ontario, esta mañana (EDT). En 2023, el gobierno de Ford aprobó la Ley de Reconstrucción de Ontario Place (ROPA) para convertir el parque costero en un spa privado con un contrato de arrendamiento de 95 años, eximiendo al proyecto de la Ley de Evaluación Ambiental y la Ley del Patrimonio, eliminando la autoridad de regulación del ruido de la ciudad de Toronto y extinguiendo los reclamos legales contra la provincia.
Los tribunales inferiores confirmaron la ley; la Corte Suprema concedió autorización para apelar en enero de 2026. Hoy es solo la audiencia (la sentencia se emitirá más tarde) y la audiencia se transmite por Internet en el sitio web de la Corte.
Los intervinientes a los que se les concedió el estatus incluyen la ciudad de Toronto, Greenpeace Canadá, Ecojustice, la Asociación Canadiense de Libertades Civiles, la Asociación de Libertades Civiles de Columbia Británica, Justicia Animal de Canadá, la Fundación Constitución Canadiense y las Primeras Naciones, incluidas Athabasca Chipewyan y Mikisew Cree; la coalición Ontario Place for All (Toronto Field Naturalists, Democracy Watch, National Trust for Canada) está representada por Cavalluzzo LLP.
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